Acto Notarial de Compra

La República Dominicana, a través de sus delegaciones consulares en el extranjero, brinda servicios de notario público para que los ciudadanos puedan realizar actividades legales conforme a las leyes dominicanas o de otros países.

Los ciudadanos dominicanos y extranjeros, pueden acudir a las oficinas consulares dominicanas para que se les redacte un acto notarial.

Los Actos Notariales para Compra son aquellos en los que un ciudadano o institución (poderdante) autoriza a otro ciudadano o institución (apoderado) para que lleve a cabo la adquisición de un bien en nombre del poderdante, ya sea mueble o inmueble, ante cualquier institución o persona.

Información Esencial de Acto Notarial de Compra

Requisitos

Tiempo de Obtención

Observaciones

Estos incluyen la presentación de la cédula dominicana y el pasaporte dominicano, en caso de poseerlos, tanto del poderdante como del apoderado.
Además, se requiere el documento de identidad o pasaporte del poderdante y la información detallada del bien a ser comprado, como el certificado de título de propiedad y una descripción precisa de su ubicación.
También se solicita el nombre completo, documento de identidad y dirección del apoderado, junto con cualquier otra información relevante para el poderdante.
Se incluye un testigo como parte del proceso.

El tiempo estimado para completar el proceso de un Acto Notarial de Compra varía entre una y dos horas, dependiendo de la urgencia de la solicitud, la cantidad de solicitudes previas y la disponibilidad de personal en la oficina consular.

El importe a pagar por los servicios notariales se realiza en dólares estadounidenses (USD).
En esta sección se mencionan los Actos de Poderes más comunes, pero cualquier otro tipo de poder será redactado según la naturaleza específica del mismo.
Las oficinas consulares pueden solicitar otros requisitos adicionales dependiendo de las características particulares de cada acto notarial.
Además, tienen el derecho de negarse a gestionar un servicio si el personal consular considera que no es útil para el ciudadano, si cree que puede perjudicar los intereses futuros del solicitante, o si duda de la autenticidad de la solicitud.